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En Grabado láser en madera Paraguay Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para este país informó en octubre de que se había avanzado poco en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el entorno de la crisis política de 2019, durante la cual 37 personas habían fallecido y centenares más habían resultado heridas a manos de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones sobre los homicidios cometidos por la policía en Brasil tampoco resultaron eficaces; aún no se había enjuiciado a los 3 agentes de policía acusados formalmente del asesinato del instigador Pedro Henrique Cruz, ocurrido en Tucano (estado de Bahía) en 2018, y cuya madre, Ana Maria, seguía sufriendo amenazas e intimidación.
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En Argentina, Sofía Inés Fernández, mujer trans de 40 primaveras, fue encontrada muerta en abril en una celda de una comisaría policial de la plaza de Derqui, en la provincia de Buenos Aires, donde había sido detenida por presunto robo.
Los Estados de toda la región de las Américas, en particular, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, no adoptaron medidas suficientes ni eficaces para respaldar el derecho a un medioambiente saludable y mitigar los efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos. Esto resultaba especialmente evidente en el marco de los proyectos extractivos en gran escalera que afectaban de forma desproporcionada a los pueblos indígenas, las comunidades de primera línea que vivían en las inmediaciones de esos proyectos y otros grupos marginados extremadamente vulnerables a la degradación ambiental.
En algunos países se negaba el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento desenvuelto, previo e informado, especialmente en relación con proyectos de gran envergadura. Las devastadoras crisis políticas, humanitarias y económicas en las que estaba sumida toda la región de las Américas provocaron un marcado aumento del núpuro de personas que abandonaban su país de origen en busca de seguridad. En varios países las autoridades no respetaban ni protegían los derechos de las personas refugiadas y migrantes, cuya creciente afluencia se gestionaba cada momento más mediante el uso de la fuerza marcial. La impunidad de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada, y muchos países continuaban eludiendo el cómputo internacional. Brasil, Canadá y Estados Unidos figuraban entre los principales emisores de gases de objetivo invernadero a nivel mundial. La expansión de la extracción y la producción de combustibles fósiles en la región suponía una amenaza para las metas climáticas globales. Los gobiernos no se comprometieron a eliminar de forma gradual, rápida y equitativa el uso y la producción de todos los combustibles fósiles, ni las subvenciones a estos productos. Sin embargo, no todo fue pesimista. Pese al panorama sombrío, los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros actores que alzaban la voz en favor de la protección de esos derechos en toda la región de las Américas seguían luchando —en un clima de creciente adversidad— para alcanzar cambios estructurales, con vistas a crear una región más justa e igualitaria para todas las personas.
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Los pueblos indígenas, sometidos históricamente a discriminación étnico y marginación, seguían viéndose desproporcionadamente afectados por las violaciones de derechos humanos. En Colombia, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de la ONU, señaló que el 45% de todas las víctimas de desplazamiento en 2023 eran personas afrodescendientes y, el 32%, indígenas.
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En Brasil, el feto continuaba siendo delito y el Profesión de Sanidad informó de que, hasta julio, al menos 19 personas habían muerto a causa de abortos practicados en condiciones de peligro; en septiembre, el Tribunal Supremo Federal comenzó a examinar un memorial en el que se solicitaba la despenalización del feto en las primeras 12 semanas de estorbo, pero la votación se suspendió.